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El Tiempo.com May 23, 2005

Evalúan posibilidad de modificar inmunidad de militares de Estados Unidos en Colombia

By Sergio Gómez Maseri

Los primeros acercamientos se dieron hace quince días con la visita al país del jefe del Comando Sur, general Brantz Craddock.

La idea de tocar el tema, que se conoce en momentos en que la Procuraduría tiene lista una demanda contra ese acuerdo, habría llegado a la mesa por solicitud del gobierno colombiano y contempla la alternativa de firmar un acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (Sofa, en inglés).

A diferencia del acuerdo vigente, que en su artículo 11 concede la misma inmunidad a los militares y sus familias que la que se concede a los diplomáticos adscritos a la embajada, el Sofa es un convenio exclusivo para las fuerzas castrenses, rutinariamente utilizado por E.U. para regular su presencia militar en el mundo, y cuyo punto de partida es que el país anfitrión (en este caso Colombia) posee jurisdicción sobre todas las violaciones a ley que puedan cometer las fuerzas de E.U. durante su permanencia en el exterior.

"La mayoría de los Sofa -dice el instituto Global Security- reconocen el derecho del gobierno anfitrión de la "jurisdicción primaria" en todos los casos (civiles y criminales) en los que fuerzas de E.U. hayan violado las leyes del país".

Normalmente, se hacen dos excepciones a esta premisa pero solo cuando están de por medio cargos criminales. Si el delito en cuestión fue "entre estadounidenses" o si el delito está asociado directamente a las "funciones oficiales" que presta el militar en el país, la jurisdicción se le entrega a la nación "enviante", en este caso E.U.

En otras palabras, de haber existido un Sofa entre E.U. y Colombia al momento de los crímenes en cuestión, los estadounidenses implicados en supuesto narcotráfico y tráfico de armas estarían enfrentando a la justicia colombiana, pues los dos delitos, en principio, no son crímenes que se puedan cobijar bajo la categoría de "funciones oficiales".

Incluso en el caso de las excepciones, los Sofa generalmente establecen que el país enviante (E.U.) podría levantar la inmunidad del militar implicado si así se lo pidiera el país huésped. Esto solo para casos extremos en los que el crimen cometido por el extranjero estuviera comprometiendo la seguridad nacional del país anfitrión.

Una vez definida la jurisdicción, los Sofa se encargarán de aclarar las "reglas de juego" para cuando se presente un crimen que involucre a un militar en el extranjero. Acceso a abogados, tratamiento justo y humanitario para el detenido, asesoría sicológica, respeto al debido proceso, y un proceso jurídico expedito en lo posible, entre otras.

Actualmente, de acuerdo con la lista más actualizada que tiene el Pentágono (hasta el 2.002) E.U. tiene firmados Sofa con 105 naciones del mundo. Otros 14 se encontraban en estado de trámite. De ellos, 20 en naciones del Hemisferio Occidental. En otras palabras, con el 62 por ciento del planeta.

Gracias -o a través de los Sofa-, un año promedio como 1998 culminó con 5,092 procesos contra estadounidenses por delitos cometidos en el exterior. Al cierre del 2000, 41 militares de E.U. se encontraban cumpliendo sentencias en prisiones de otros países por vía de este tipo de acuerdos.

¿Por qué con Colombia no existe este acuerdo?

La pregunta que surge es por qué si E.U. tiene firmados Sofa con naciones tan pequeñas como San Kitts o Papua Nueva Guinea, no tiene uno con Colombia, su tercer recipiente de ayuda militar en el mundo (sin contar Irak y Afganistán) y destino de la mayor cantidad de tropas en todo el Hemisferio. Más aún, por qué Colombia
da estatus diplomático a los militares de E.U. cuando prácticamente ningún otro país lo hace. Según fuentes del mismo Pentagono, son solo "tres o cuatro" en el mundo los que conceden este tipo de inmunidad generalizada.

Consultados sobre el particular, funcionarios de ambos gobiernos se justifican en el pragmatismo.

El actual acuerdo, que data de 1974, se firmó cuando la presencia militar de E.U. en nuestro país era reducida y en reemplazo de acuerdos previos o extendidos con notas diplomáticas (1946, 1949, 1954, 1959 y 1962) que se han dado a lo largo de la historia de la cooperación. Cuando la presencia militar de E.U. comenzó a crecer en 1999 gracias al inicio del Plan Colombia, se decidió hacer uso del mismo acuerdo para evitar el engorroso trámite que supone negociar un Sofa.

"La situación de entonces era crítica y se necesitaba que la ayuda -entrenamiento de militares, etc.- comenzara a fluir cuanto antes" afirma una fuente del departamento de Estado.

Subrayan, además, que el comportamiento de sus Fuerzas Armadas en nuestro país había sido ejemplar y nunca, hasta la fecha, se había prestado para polémicas.

"Por el país han rotado más de 7.000 militares en los últimos cinco años. Los siete casos que se han presentado representan el 0,07 por ciento. Nada los excusa, si es que son hallados culpables. Pero tampoco es un horror como lo han tratado de mostrar" dice otra fuente en el Comando Sur.

El único caso previo, de hecho, es el del Coronel James Hiett en el 2.000 cuya esposa Laurie fue acusada y sentenciada por el envío de más de 700.000 mil dólares en heroína a E.U. Hiett, sin embargo, era una agregado militar adscrito a la embajada y por lo tanto contaba con inmunidad diplomática y no hubiese sido regido por el mandato del Sofa.

Subrayan, también, que el acuerdo ha sido recíproco. En 1998, de hecho, E.U. devolvió a la justicia colombiana a un grupo de militares que aterrizaron en Miami en un avión cargado con coca.

E insisten, como lo ha repetido hasta la saciedad el embajador William Wood, que inmunidad no se traduce en impunidad.

De los cinco militares vinculados en el caso de narcotráfico, cuatro enfrentan procesos en su contra -uno ya fue absuelto-, cuyas sentencias máximas podrían alcanzar los 25 años de prisión. Similares a las que pesarían contra un civil y más altas que las prevé la legislación colombiana para el mismo delito.

Incluso, dicen, aún más severas pues la justicia militar en E.U. no contempla la figura de la libertad condicional, opción que si tendrían si el caso se diera ante instancias federales.

La semana pasada, en El Paso, Texas, comenzaron ya las audiencias preliminares para dos de los implicados.

En cualquier caso, la negociación del SOFA será manejada con extremo sigilo y es probable que tome tiempo en materializarse.

Por un lado, temen que genere suspicacias en el Congreso de E.U. que se encuentra muy próximo a debatir la aprobación de un nuevo paquete de ayuda para Colombia destinado al año 2.006.

Por el otro, para evitar que se convierta en un tema de la campaña presidencial que se avecina en Colombia. "El presidente Uribe podría verse presionado a demandar el acuerdo vigente y remplazarlo con un Sofa. Ese es un tema muy delicado, que toma tiempo, y la cooperación de E.U. podría quedar en el limbo mientras se resuelve", afirma un funcionario del gobierno.

Algo que, en parte, ya sucedió. La semana pasada el procurador General, Edgardo Maya Villazón, anunció que demandará ante la Corte Constitucional el convenio de 1974 por considerar que viola la Constitución Nacional. Si la Corte le concede la razón, la inmunidad para los militares de E.U. quedaría sin piso y la cooperación se suspendería hasta no solucionar el escollo.

 


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