Clarín [Buenos Aires] 18 de junio de 2002
Los nuevos negocios tras la guerra de Bush contra el terrorismo
Claudio Mario Aliscioni
La ofensiva de George Bush contra el terrorismo luego de los atentados del 11 de setiembre no sólo está reforzando, como nunca antes en la historia, el poder hegemónico de Estados Unidos. Ese es apenas el flanco más visible de su estrategia unilateralista. Por detrás de esa política hay ya una avanzada desde los grandes conglomerados económicos para sacar provecho de los nuevos tiempos, donde el concepto "seguridad" orienta de modo exclusivo la agenda de la Casa Blanca.
El indicio más nítido de esta tendencia lo marca el "Homeland Security Plan" (Plan de Seguridad Interior) que viene siendo armado por la administración republicana y que será lanzado el mes próximo. A diferencia de lo ocurrido en la Guerra Fría, donde la alianza del Pentágono y la industria privada de armamentos era el espinazo del cordón ofensivo estadounidense, esta vez el gobierno compromete en su lucha antiterrorista al sector más destacado de la alta tecnología del país.
David Rothkopf, ex subsecretario de Comercio y profesor de Columbia, describió en estos términos la nueva sociedad entre el Estado y el sector privado en la revista Foreign Policy: "Los miembros de esta fuerza de combate son científicos informáticos y doctores, inversores de riesgo y gerentes de proyectos empresarios corporativos. Este ejército del sector privado es el arma no tan secreta de los Estados Unidos y su mejor esperanza. Estos guerreros proveerán el software, los sistemas y los recursos analíticos que capacitarán al país para rastrear a los terroristas".
Hay un buen pedazo de pastel del cual comer. El gobierno de Bush pidió US$ 37.700 millones del presupuesto fiscal del 2003 para seguridad interna, el doble del año anterior. "Esta masiva infusión de recursos federales refleja la prioridad que el presidente otorga a la agenda de seguridad doméstica", escribió el experto Anthony Cordesman en un trabajo enviado a Clarín por el Center for Strategic and International Studies -un organismo no partidario- tras una consulta sobre el tema. A eso deben sumarse los US$ 361.000 millones reclamados por Bush para la Secretaría de Defensa, el mayor pedido en 20 años, que será parcialmente destinado -como ha sido un clásico en Washington- a los contratistas industriales del Pentágono.
Pero a esos negocios se agregan ahora otros, poco transitados hasta antes del 11 de setiembre y que conforman la evidencia de la nueva sociedad apoyada por Washington. Según un estudio difundido por la revista Fortune, el capitalismo estadounidense gastará por año US$ 151.000 millones de dólares para reforzar la seguridad en -entre otras áreas- transportes, redes de energía, informática y telecomunicaciones, infraestructura sanitaria y emprendimientos farmacéuticos. En esencia, es una estrategia ligada a la necesidad de mejorar la infraestructura crítica que evite o pueda soportar cualquier crisis provocada por un nuevo ataque terrorista.
La oficina de Tom Ridge, el jefe antiterrorista de Bush, reveló que su director había mantenido encuentros con gerentes de 200 empresas y consorcios para presentarles la estrategia. En un discurso ante la Alianza de Industrias Electrónicas, a mediados de abril, Ridge calificó a la nueva sociedad con los privados como "un giro copernicano" en la política tradicional del poder político estadounidense y buscó aceitar la gula de los empresarios: "La seguridad interior les da la posibilidad de ser agresivos, de proteger a los ciudadanos y desarrollar nuevos mercados. El espíritu empresario es una potente arma contra el terrorismo. Y es, a mi juicio, lo que le da a EE.UU. una de sus más grandes ventajas competitivas". Ridge describió cuatro ámbitos de sociedad posible: la tecnología de la información, la biodefensa, la seguridad fronteriza, y la infraestructura de los intereses del país ligados a Internet.
La sociedad que se estimula entre el Estado y los privados ya tiene estatus parlamentario. En un informe de 17 páginas titulado "Seguridad interna: sociedad buscada y más dirección", el gobierno presentó como modelo de lo que ahora se gesta la cooperación lograda a fin del milenio, cuando las empresas de todo el planeta temblaron por los problemas que -según se temía- acarrearía el cambio de fecha en los cerebros de sus computadoras.
Según la revista Foreign Policy, hay una enorme masa de dinero que sigue buscando un nicho donde aterrizar tras la caída de la burbuja financiera creada en Wall Street con las empresas punto.com. El capital de riesgo dispuesto a desviarse al negocio de la seguridad se incrementó 20 veces desde la segunda mitad de los 90 y ahora frisa los US$ 102.000 millones. Rothkopf sostiene que hay un total de 2.000 compañías que se anotaron para financiarse con parte de ese dinero. El Pentágono informó que ya recibió 12.405 propuestas para crear nuevas tecnologías antiterroristas desde octubre del 2001 a enero de este año. La compañía In-Q-Tel Incorporated, creada con fondos del Pentágono en 1999 para invertir en tecnología crítica de inteligencia militar, comenzó a dirigir parte de sus recursos en la producción de unos 1.000 nuevos proyectos. International Data Corporation, un grupo consultor, proyecta que el mercado global para seguridad se triplicará desde sus niveles de hoy.
Algunos expertos dijeron a Clarín que la ofensiva apunta a insuflar más aire a la economía estadounidense, lenta en recuperarse de la recesión, que entró en su pico poco antes de los atentados. Más técnico, John Pike, de Global Security -un centro de estudios-, dijo a este diario que la nueva estrategia puede funcionar, aunque presenta problemas. "No hay un pensamiento homogéneo en el gobierno, ya que cada una de las (decenas) de agencias federales tiene diferentes posturas".
Pero otros, como la legisladora demócrata de Georgia Cynthia McKinney, son un poco más escépticos y apuntan su lupa a temas más densos. Tras ser la primera en cuestionar al gobierno por su fracaso en la evaluación de datos de inteligencia que presagiaban el atentado, McKinney también se preguntó si alguno de los amigos de Bush de las grandes corporaciones no se había beneficiado de algún modo -político o económico- con la tragedia del 11 de setiembre.
Si se hacen a un lado las teorías conspirativas, hay sin embargo ciertos datos que abonan una imagen más bien desteñida de la ética de las grandes corporaciones. Por ejemplo, un informe de Project on Government Oversight (POGO) -una entidad sin fines de lucro que vigila los actos de gobierno- indicó que la Casa Blanca, desde 1990, había premiado con fortunas en negocios a grandes contratistas que habían violado repetidamente leyes o reglas federales. Así, en 1999, 43 de los grandes consorcios examinados por POGO ganaron US$ 185.000 millones. Un total de 16 de ellos fueron condenados por 28 violaciones criminales. En los últimos 12 años, 30 de esas grandes empresas pagaron US$ 3.400 millones en multas.
El analista John Pike es contundente al analizar este ángulo de la nueva sociedad. Cuando Clarín le preguntó si había más chances ahora de mayores manejos corruptos, respondió con su lengua filosa: "Algo del dinero será malgastado y otra parte será robada. ¿Cómo podría ser de otra manera?"
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